EAJ - PNV

Nos encontramos con el siguiente panorama. El Gobierno Vasco sigue con el procedimiento de negociado sin publicidad con el inversor London Regional para vender 2.497 viviendas de protección oficial. 

Una operación que supone privatizar y desprenderse de un patrimonio público de casi tres mil viviendas de promoción pública, pero no para vendérselas a quienes están apuntados en la lista de espera de Etxebide o ni siquiera a los actuales inquilinos de más de un millar de esas viviendas, sino para vendérselas a una empresa con ánimo de lucro, a un inversor privado con ánimo de lucro. 

Esto además implica el pago a dicho inversor en concepto de alquiler de unas cantidades mensuales superiores a las que se tendrían que pagar para por una hipoteca sobre la misma vivienda, por parte de un adjudicatario procedente de las listas de Etxebide, o de uno de los actuales arrendatarios. 

Por ejemplo, la cantidad es 700 euros que se va a tener que pagar contra 577-79 que abría que pagarse por la hipoteca según los datos que usted mismo me dio. Es una operación ilegal porque infringe la legislación sobre viviendas de protección oficial, la Ley de Suelo y Urbanismo y la Ley de Patrimonio de Euskadi. 

En una de las respuestas a pregunta de nuestro grupo el Gobierno se dice que a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha mantenido “contactos previos con una multitud de inversores de naturaleza financiera. Posteriormente a estos contactos ha diseñado un producto financiero específico para financiar cuatro mil viviendas públicas en arrendamiento y que se ha instrumentado mediante el correspondiente contrato puesto en licitación pública". 

Luego se dice: "No le vamos a facilitar la lista concreta de contactos no obstante para su tranquilidad sí le puedo asegurar que se han mantenido contactos con todas aquellas instituciones financieras con peso y capacidad suficiente para operar a este nivel, tanto de ámbito vasco, español y europeo". 

Ante esto, parece inexplicable que sólo haya una oferta que además la misma no sea aceptable en procedimiento abierto por insolvente para finalmente convertirse en solvente cuando se pasa de procedimiento abierto al procedimiento negociado sin publicidad. 

En la memoria justificativa sobre el alzamiento del procedimiento negociado sin publicidad se dice: "Dada circunstancia de que la licitación declarada desierta tan solo se presentó una única oferta que no cumplía con los requisitos mínimos necesarios respecto a la documentación administrativa y de solvencia y la singularidad del contrato, no es posible invitar a tres empresas por desconocer cuales pudieran estar interesadas". 

Si este Parlamento se dio el mandato de que no realizase esta operación cuando el procedimiento era abierto, cuanto más ante un procedimiento mucho más opaco en la que aparece la empresa insolvente en situación de prevalencia. 

Si el Gobierno Vasco sigue adelante… iremos a tribunales. 
 

Juanan Arieta-Araunabeña