EAJ - PNV

Esta semana hemos podido comprobar, muy a nuestro pesar, cómo nuestras peores previsiones se hacían realidad. El colapso había llegado a las oficinas de Lanbide.

 La oficina central del Servicio Vasco de Empleo en Txagorritxu tuvo que cerrar sus puertas a media mañana del pasado martes. No se podía dar servicio a la “avalancha” de personas que solicitaban la atención del servicio público. ¿Cómo se puede generar tal caos? ¿Cómo se puede generar una situación de descontrol en un servicio que ofrece la Administración Pública? La respuesta es tan sencilla como desesperanzadora. La falta de previsión del Gobierno Vasco, la incapacidad del gobierno socialista para anticiparse a los problemas, y la ineptitud del Gobierno López para negociar con el resto de grupos medidas coherentes, responsables y de mejora.

EAJ-PNV preveía la posibilidad de que se produjeran situaciones como éstas. Puede que por nuestros más de 30 años de trayectoria en la gestión de las instituciones, o puede que porque, simplemente, nos paramos a analizar y estudiar las circunstancias objetivas que se producirían asumida por Lanbide la gestión de las prestaciones sociales de un día para otro.

 Por ello, en la negociación de la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, el grupo parlamentario de EAJ-PNV puso encima de la mesa una enmienda por la que se solicitaba un plazo de moratoria de 12 meses para la entrada en vigor de la asunción por el Servicio Vasco de Empleo de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda.

No decimos que sea fácil gestionar la competencia de las Políticas Activas de Empleo. Ni mucho menos. Sin embargo, no podemos negar la falta de previsión y de anticipación de este gobierno. Hace escasamente un año que se puso en marcha Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Los cimientos en la intermediación laboral no son sólidos todavía, y de la noche a la mañana, y antes del plazo públicamente propuesto por Zabaleta, se asume una competencia de gran relevancia.

Lanbide no dispone, como hemos comprobado estos días, de medios ni personales, ni materiales necesarios para la gestión de la RGI y de la PCV. Se lo advertimos a la Consejera Zabaleta, le expusimos nuestra preocupación, y, una vez más, oídos sordos al primer partido del País.

El PNV tenía una solicitud clara: aprueben una ley adecuada a los nuevos tiempos, publíquenla y que entre en vigor dentro de un año. Tiempo suficiente para determinar los medios materiales y personales necesarios para dar una atención adecuada a la nueva realidad, y tiempo suficiente para establecer protocolos de colaboración y coordinación entre las distintas instituciones.

Desde el inicio de la tramitación de la modificación de la ley todo han sido incógnitas. Los servicios sociales de base de los ayuntamientos están desconcertados por las actuaciones del gobierno, y las Diputaciones Forales van poniendo parches a una deficiente gestión.

Los sindicatos han manifestado su preocupación con el funcionamiento y organización de Lanbide, también los y las trabajadoras, incluso los directores de oficinas han hecho público su malestar. Sin embargo, lo que nos preocupa notablemente es el servicio que se ofrece y se ofrecerá a las personas perceptoras de ayudas sociales. El trato tiene que ser directo, cercano, conocedor de la dura realidad en la que se encuentran personas que no tienen medios para subsistir. Estamos preocupados, muy preocupados, más si cabe porque era la historia de un colapso anunciado.