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15/05/2012
- Tipo: Opinión
- Medio de comunicación: Diario de Noticias de Álava
En el Pleno de abril del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el PNV presentó una moción en la que se instaba al Gobierno Vasco a la urgente tramitación del Perímetro de Protección del Acuífero de Subijana ante la Confederación Hidrológica del Ebro y su incorporación al correspondiente Plan. El texto fue aprobado por todos los grupos políticos, salvo por el socialista, que se abstuvo para sorpresa de propios y extraños.
Quizás alguien se pregunte por qué es importante que se establezca un perímetro de protección en torno al acuífero de Subijana. Pues porque tiene un valor estratégico muy considerable al garantizar el suministro de agua al 50% de la Comunidad Autónoma Vasca en períodos de sequía moderada y extrema (a día de hoy no disponemos de otras alternativas). Y porque disponer de esta figura de protección permite establecer un área en la que de forma progresiva se restringen o prohíben actividades potencialmente contaminantes. Es decir, actúa fundamentalmente de modo preventivo.
Una figura de protección como ésta prevé los posibles riesgos de contaminación, estableciendo una tabla de restricciones de actividades que puedan afectar tanto a la calidad como a la cantidad de agua. Además, tiene en cuenta la evolución previsible de la demanda de agua, establece sistemas de alerta mediante la implementación de redes de vigilancia y control de calidad del agua, etc. Y es que la prevención, como en casi todos los ámbitos, es más barata que tener que descontaminar un acuífero, labor por otra parte que, según los expertos, es muy difícil si no imposible de conseguir. Y recordemos que el acuífero de Subijana es nuestro único recurso estratégico para períodos de sequía.
De forma paralela, en Araba estamos inmersos en la controversia de fracking sí/fracking no y no podemos olvidar que el proyecto Enara afectará directamente a nuestro acuífero. En las recientes jornadas sobre este asunto, muy escoradas hacía el lado del sí, quedaron algunas ideas claras: el impacto cero no existe y pese a la negativa de unos, otros dan cuenta de accidentes con vertidos y contaminación. También quedó claro que los diferentes técnicos de aguas están preocupados por los riesgos que conlleva esta técnica de fracturación hidráulica y la imposibilidad de determinarlos por la falta de información relevante (qué sustancias químicas se utilizarían, cuántos pozos se perforarían, cuál sería la ubicación de los mismos…). Y, por supuesto, tampoco se ha considerado relevante disponer de la evaluación de impacto ambiental. En fin, necesitamos transparencia total para que la ciudadanía, los movimientos sociales y las administraciones implicadas puedan disponer de una información clara y posicionarse.
Con toda esta polémica, el viceconsejero de Energía del Gobierno Vasco, sr. Garmendia, se ha visto obligado a suavizar su posición: si los informes medioambientales no son favorables, no se seguirá adelante; es importante el permiso social, no importa tener que esperar a tener toda la información sobre la mesa,… Pues bien, si esa es su disposición de verdad -de verdad de la buena- seguramente no tendrá ningún problema para que, atendiendo a lo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Agencia Vasca del Agua URA dé prioridad y carácter de urgencia al Perímetro de protección del acuífero de Subijana y lo presente en la CHE para su aprobación e incorporación en el futuro Plan Hidrológico del Ebro para el horizonte 2011-2015. Lo tienen fácil porque disponen de muchísima información, estudios al respecto y, otra cosa fundamental, personal especializado y competente.
Lo complicado es lo otro, la voluntad política. Y es que en todo esto entran en liza los intereses industriales, en este caso energéticos, y los de la protección del agua y el medio natural. Y conjugar ambos es harto complicado. Seguro que habrá buen debate entre los departamentos gubernamentales de Industria y los de Medio Ambiente, además de los organismos que gestionan los recursos hidrológicos, tanto en la Administración del Estado como en la de la CAV.
Sin embargo, acabamos de conocer un último dato preocupante: la presentación por parte del Gobierno López de una proposición de cambio de la Ley de Conservación de la Naturaleza para que se permita la extracción minera en parques naturales, lo que afectaría a los Montes de Vitoria. Todo parece indicar que acabarán ganando los criterios energéticos frente a los de preservación de los recursos naturales. Lamentablemente, el escenario presagia un buen futuro para el fracking en Araba y peor para la biodiversidad de nuestro territorio.
Por cierto, contaba al principio de este artículo que el PSE se abstuvo en el Pleno mostrando un papel que no decía lo que decían que decía. Su interés estaba en que en lugar de redactar URA (administración vasca) el documento de perímetro de protección, lo hiciera directamente la Confederación Hidrográfica del Ebro (administración del Estado). Como no se aceptó, los socialistas se abstuvieron. ¿A qué temen? ¿No será que no querían poner en evidencia las discrepancias, más que posibles, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco en manos del PSE?
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15/05/2012
EAJ-PNV ante el Real Decreto Rey 16/2012
- Tipo: Nota de prensa
EAJ-PNV ANTE EL REAL DECRETO LEY 16/2012 DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES
Este RDL supone una gran transformación de la situación anterior, presenta una gran complejidad técnica y será difícil su puesta en marcha, y más en los plazos establecidos.
Va a resultar una fuente de conflictos entre las CCAA y el Gobierno central ya que la reforma se ha realizado sin consenso ni coordinación.
La mayoría de las medidas que se establecen rompen con consensos sociales básicos tanto a nivel de la sociedad como en la política sanitaria a nivel del Estado.
La reforma se ha realizado sin consenso, sin conocimiento de los consejeros presentes en el CISNS de todos los aspectos recogidos finalmente en el RDL. Se trata de un decreto de recortes o ajustes más que de reformas, amparado en criterios ideológicos y con una pretensión uniformizadora de la sanidad.
La norma acomete un vaciado absoluto de las competencias autonómicas previstas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Gernika, el Concierto Económico y demás leyes generales de Ordenación Sanitaria aprobadas en Euskadi. Se vulnera el Concierto Económico porque no incluye la cláusula de salvaguarda del mismo ni en el fondo de garantía asistencial, ni en los tramos del IRPF que incrementan el gasto farmacéutico.
Se pasa de un modelo de sanidad universal y sufragado con impuestos a un modelo vinculado a la Seguridad Social, lo que se traduce en un gran retroceso social de casi 30 años. Retroceso que afecta a los derechos más básicos de los más débiles y desfavorecidos: viudas, mayores de 26 años que no han cotizado, pensionistas, inmigrantes,… Todo ello desfigura el modelo sanitario vasco que se basa en los principios de universalidad, gratuidad y carácter público.
Esto, en el fondo, pretende desvincular la prestación de asistencia sanitaria del ámbito competencial propio de Euskadi y vincularlo al sistema de gestión económica de la Seguridad Social. De esta manera, el Estado, con su lectura restrictiva de las competencias en Seguridad Social, pretende atraer a las mismas la Sanidad, expoliando nuestras competencias en esta materia. Pasamos a ser meros administradores del sistema sanitario.
Se degrada la Ley de Extranjería reduciendo la protección de los extranjeros empadronados; casi podemos decir que lo que se exige es más una residencia fiscal-legal que un empadronamiento. De esta manera un colectivo importante de personas va a quedar desprotegido. Esta es una medida demagógica moral y éticamente reprobable. Además estas situaciones generarán un riesgo cierto para la salud pública y un colapso en los servicios de urgencias además de un dilema ético para nuestros profesionales sanitarios. No podemos obviar la posible afección a la cohesión social y a los derechos humanos.
Se reestructura la cartera de prestaciones estableciendo una distinción entre lo que es básico y lo que no lo es de forma que, a futuro, parece ser el mecanismo por el cual se introduzcan nuevas exclusiones del catálogo o nuevos copagos.
Se modifica el copago de la prestación farmacéutica, incorporando al colectivo de pensionistas, modificando los porcentajes de aportación existentes e introduciendo el copago de los medicamentos de dispensación hospitalaria en régimen ambulatorio. Se establecen siete categorías de ciudadanos en la materia. Por otra parte, se incluyen nuevos copagos en materia de productos dietéticos, transporte sanitario no urgente y prestación ortoprotésica, no quedando claro si a través de la reordenación de los catálogos de prestaciones no se verán afectadas más prestaciones. Este copago es fiscalmente injusto, de forma contraria a lo que el Gobierno afirma; no grava a los que más tienen sino a los más débiles, a los enfermos y especialmente a los enfermos crónicos.
El RDL se ha tramitado sin memoria económica. No existe una base real y conocida acerca de los pretendidos beneficios económicos que dicha norma va a generar.
En la CAPV se estima un impacto económico inicial de las medidas recogidas en la norma, a expensas del desarrollo completo de la misma, de 53,5 millones de euros. No se puede descuidar en este aspecto el posible impacto que pueda suponer la aplicación del Fondo de Garantía Asistencial.
En lo que respecta a la posible capacidad de mejorar la situación que derivaría de la aplicación de este RDL por parte de la Administración de la CAPV, sería necesario realizar un análisis jurídico en profundidad.
La competencia en materia de Sanidad ha supuesto en Euskadi un ejemplo de calidad asistencial y de bienestar para nuestros ciudadanos, hecho que queremos seguir manteniendo (con la reforma no sería posible). Nos ha costado una gran esfuerzo llevar a nuestro sistema sanitario a las altas cotas en las que se encuentra en cuanto a logros, niveles de calidad asistencial y manteniendo, además, la sostenibilidad del sistema. Y por sentido de responsabilidad no podemos permitir el atropello de nuestra competencia.
Euskadi no ha contribuido a generar la deuda sanitaria que afecta al Estado, y es por ello que los vascos no tenemos por qué ser los paganos de los problemas económico-financieros generados por el PP y el PSOE.
En resumen y para concluir, no es de recibo que el Modelo de Bienestar que tanto nos ha costado conseguir en Euskadi se degrade a través de un Real Decreto Ley que no solo no ha sido negociado ni consensuado con nuestros representantes institucionales, sino que además ignora nuestras competencias. Queremos seguir manteniendo nuestro Sistema Sanitario manifestando nuestro compromiso con su sostenibilidad.
Por todo lo anterior, EAJ-PNV votará en contra de la convalidación de este Real Decreto Ley el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, EAJ-PNV insta al Gobierno de Patxi López a explorar y a agotar todas las vías a su alcance para evitar el deterioro de los servicios sanitarios en Euskadi.
Sabin Etxea, 15 de mayo de 2012
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09/05/2012
Erosteko aukera ematen duen alokairua
- Tipo: Opinión
- Medio de comunicación: Diario de Noticias de Álava
Etxebizitza politika lehentasunezkoa da EAJ-PNV udal taldearentzat. Legealdiaren hasiera-hasieratik esaten ari gara Vitoria-Gasteizko etxebizitzaren arazoa aldatu egin dela azken urte hauetan. Egun, etxeen garestitasunaren eta eskaintza faltaren ordez, beste oinarrizko bi zailtasun dauzkate, bai etxebizitza bat eskuratu nahi duten pertsonek, bai dagoeneko babes ofizialeko pisua eskuratu berri dutenek.
Batetik, badaude akaberen eta etxebizitza berrien materialen kalitateari buruzko arazoak, bidegabeko atzerapenak pairatzea, kooperatibistek pairatutako gehigikeriak,… Arazo horiek ekiditeko asmoz, proposatu genuen etxebizitza udal bulego bat sortzea, lau betebehar izango dituena: a) honen inguruan sortzen diren arazo guztien erregistroa egitea; b) peritutza zerbitzua eskaintzea; c) aholkularitza zerbitzua ematea; eta azkenik, d) bulego honek laugarren helburu bat dauka, hau da, hirian hutsik dauden bigarren eskuko 10.000 etxebizitzak merkatura ateratzeko plana planteatzea, egoeraren diagnostiko zehaztu batetik abiatuz. Hau dena kontuan hartuta, ezinbestekotzat jotzen dugu etxebizitza hauek erabiltzea etorkizuneko eskaria asetzeko. Etxebizitza udal bulegoa Ensanche 21 udal elkarteak martxan jarri zuen martxoan, eta oraindik bere emaitzak aztertzeko goiz den arren, oso harrera ona izan du.
Bestetik, bigarren oztopo nagusi bat aurkitzen dugu etxebizitza politikaren inguruan aritzen garenean: hipoteka lortzeko zailtasuna, krisialdi ekonomikoaren ondorioz estutasun egoeran egoteagatikoa. Horrek oztopatzen du etxebizitzarako sarrera edota etxebizitzaren kreditoari edo alokairuari aurre egitea. Arazo honen eragina ezagutze aldera, proposatu genuen ikerketa bat jorratzea jakiteko azken lau urteetan zehar zenbat pertsonak uko egin dioten babes ofizialeko etxebizitza bati, zein den persona horien profila eta zeintzuk diren uko egitearen arrazoiak.
Ikerketa hori Ensanche 21 udal elkarteak egin zuen eta horren arabera, azken 4 urteotan 3.193 gasteiztarrek Babes Ofizialeko Etxebizitza bati uko egin diote. Horietatik, %60k arrazoi ekonomikoak argudiatzen zituen. Hots, ia 2.000 gasteiztarrek Babes Ofizialeko Etxebizitza bat lortu nahi dute, baina ezin dute finantzazio arazoak direla medio. Beraz, krisialdi ekonomikoaren ondorioz sortu diren estutasun egoerak eta kreditua lortzeko zailtasunak Vitoria-Gasteizko etxebizitzaren eskari erreala estaltzen ari dira.
Hori gertatzen den bitartean, Gasteizko babes ofizialeko bostehun etxebizitzak baino gehiagok ez dute jaberik aurkitzen, behin eta berriro zozketatu arren. Beraz, gure ikuspuntutik, arazoa ez datza eskaera gutxiegi egotean edo eskaintza gehiegi egotean, eskaera eta eskaintza bakar bat ez etortzean baizik. Datuak ikusita, arazoa da etxebizitzaren eskaintza ez datorrela bat eskariaren ezaugarriekin. Eta horixe zuzendu behar dugu, Gasteizko udalerriari dagokionez, behintzat. Eskaria eta eskaintzaren arteko oreka puntua lortu nahian, zuzenketa kualitatiboa egin behar da, ez kuantitatiboa. Izan ere, gaur egun badugu Gasteizen babes ofizialeko etxea nahi baina erosi ezinik dabilen jende asko. Eta gainera, pertsona hauek sartzeko aukera izango lukete, beste formula batzuk garatuz gero. Eta beste formula horien artean hauxe dago: erosteko aukera ematen duen alokairua.
Formula honekin pertsonek alokairu eskuragarri bat ordainduko lukete hasiera batean eta, geroxeago, aukera izango lukete etxea erosteko, alokairuan ordaindutako zati handi bat deskontaturik.
Erosteko aukera ematen duen alokairu formula hori EAEko eraikinak birgaitu eta hiria berroneratzeko 2010- 2013 plan estrategikoan ere agertzen da. Horrela, plan horrek parte-hartzearen bidez jasotzen duen akzioetako bat da, baliabideak ahal den neurrian alokairura orientatzeko asmoz.
Guk planteatzen dugu programa hori garatzea Gasteizen esleitzeke geratzen diren babes ofizialeko etxebizitzekin. Horretarako aldaketa txikia egin beharko litzateke 39/2008 Dekretuan, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza neurriei buruzkoa, hain zuzen ere.
EAJ-PNV udal taldeak neurri horri oso egokia deritzogu, etxebizitza-politika hankaz gora jarri gabe, tokiko eskatzaile tipologia guztiei erantzuna ematen dielako, nahiz babes ofizialeko etxebizitza bat erosi nahi eta ahal dutenei, nahiz erosi nahi baina ezin dutenei, zein alokairuan baino eskuratu nahi ez dutenei. Horretaz gain, erantzun eraginkorra emango genieke egun saltzeke geratzen diren babes ofizialeko pisuei.
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