Zapaterismo económico
Apartir del Foro de Davos, prestigiosos economistas y organismos internacionales han puesto de manifiesto la profundidad y la gravedad de la crisis económica española, lo que para muchos era más que evidente desde el inicio de la propia crisis.
La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la propia Comisión Europea, por boca del comisario Almunia, así como economistas de la talla de Rubini, Krugman, Stiglitz y Rogoff, entre otros muchos, han coincidido en señalar que la situación económica española es realmente preocupante y que requiere de medidas contundentes de política económica.
Los datos son incontestables. El pasado año el Producto Interior Bruto cayó en más de un 3,5%, se destruyeron más de 1.200.000 empleos, con lo que el nivel de paro se situó cerca de los 4,5 millones de desempleados y la tasa de paro, próxima al 19%; cifras incomparables en el entorno europeo y difícilmente asumibles para una economía que pretende ser desarrollada.
Paralelamente, se ha producido un deterioro profundo de las cuentas públicas, lo que ha situado al déficit público en el 11,4% del PIB, generando dudas más que razonables sobre la solvencia de las administraciones públicas.
Además, no se observan signos de reactivación para el presente ejercicio. Muy al contrario, el PIB continuará cayendo este año, el paro seguirá aumentando y será muy difícil reconducir el déficit público.
El factor explicativo determinante de la gravedad de la crisis española -más allá de los elementos comunes que comparte con la crisis económico-financiera internacional y el fuerte impacto del estallido de la burbuja inmobiliaria- es la baja productividad de su economía, lo que constituye, a su vez, un lastre importante para superar la situación.
Pero aumentar la productividad del sistema económico (objetivo básico estratégico) no se consigue a corto ni a medio plazo. Depende, entre otras cosas, de la apuesta continuada por la educación, la investigación y la innovación, por las infraestructuras físicas e inteligentes, etcétera. Políticas que, si están bien orientadas, darán sus frutos a medio-largo plazo.
Pero, ¿qué se puede o qué se debe hacer a corto plazo? El incendio económico está declarado, la confianza en la economía está bajo mínimos, colocar deuda pública en los mercados es difícil y mucho más caro que la de otros países europeos. Los mercados bursátiles reflejan incertidumbre y desconcierto. En definitiva, el deterioro económico se está acelerando.
Y en este momento, cuando es más necesario, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no está dando la talla. En lugar de asumir la situación, critica a los que ponen en evidencia las penurias de la economía española; en lugar de buscar la complicidad, el consenso y el apoyo de los agentes económicos y sociales y grupos políticos, actúa en solitario e improvisando. No ha- ce frente a la realidad como debería.
Su falta de liderazgo e incapacidad para la búsqueda de acuerdos es lo que le resta credibilidad para afrontar la crisis. Y esto es lo más grave que le puede pasar a un responsable político.
Como los malos toreros, el presidente Rodríguez Zapatero, frente al morlaco de la crisis, da la espantada y se esconde tras el burladero. Pero, desgraciadamente, ese toro no se va a marchar. Va a estar cada vez más enfurecido y al presidente no le va a quedar más remedio, antes o después, que echarse al ruedo.
No es fácil la situación, ni sencillas las medidas que hay que adoptar. Controlar el déficit público puede contraer más la economía y generar más paro; pero no hacerlo puede aumentar la desconfianza en la economía e incrementar su deterioro.
Hay economistas que señalan que recortar el gasto público cuando la economía no ha dado aún signos de recuperación puede truncar el necesario crecimiento económico.
Sin embargo, en Davos se advertía del riesgo de crear una burbuja de deuda pública y de los ataques especulativos que, como sobre Grecia, pueden ocurrir en otros ámbitos como en el de la economía española.
Como digo, no es fácil, pero anunciar medidas aisladas e improvisadas no es la mejor manera de actuar. Un día se propone la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, otro día se anuncia un recorte presupuestario por importe de 50.000 millones de euros; más tarde se plantean algunas medidas inconcretas de reforma del mercado de trabajo. Y frente a las reacciones adversas, se recula y corrige.
La crisis es realmente profunda y va a suponer cambios drásticos en muchos órdenes de la vida. Y va a obligar a abordar las grandes reformas pendientes que, como grupo parlamentario, venimos defendiendo en Madrid desde hace mucho tiempo. La reforma real del mercado de trabajo, la reforma del gasto público, la de la energía, la de la I+D+i, la educativa, entre otras, han de formar parte de la agenda anticrisis.
Tengo mis dudas de que se vaya a actuar correctamente, de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con el propio presidente a la cabeza, sea capaz de hacerlo, porque comparto lo que hace unos días señalaba Moisés Naim, cuando decía: «España tiene un serio problema de credibilidad, Zapatero lo tiene (
). Davos conoce los pésimos datos económicos (
). La credibilidad no se gana en un día con un golpe de mano».
Y sin credibilidad no es posible liderar ni buscar los consensos necesarios para cambiar la situación. Malas perspectivas.
La palabra de Escocia (1707-2010)
El gobierno de Escocia se ha comprometido a realizar durante 2010 un referéndum sobre la negociación y eventual independencia de Escocia respecto del Reino Unido, lo que supondrá un nuevo pacto abierto y bilateral sobre el Tratado de la Unión entre ambas naciones en vigor desde 1707. Huelga decir que un resultado claro a favor de dicha negociación bilateral otorgaría una fuerza y una legitimidad democrática a la independencia de Escocia que puede resultar determinante más allá de la devolución progresiva de poderes que se viene produciendo en los últimos años desde Londres a Edimburgo. Desde la perspectiva jurídica, dos son los ejes principales de la propuesta escocesa que, de momento, no ha suscitado rechazo explícito en Westminster:
En el primer caso, sustentando un reconocimiento del derecho de libre determinación en base a la preexistencia de Escocia como nación independiente hasta 1707. En el segundo, mediante el seguimiento fiel de la doctrina sentada por el famoso pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá con respecto a Québec (dictamen consultivo de 20-8-1998). En todo ello, juegan un papel preponderante los conceptos de negociación, pacto o tratado (1707) y referéndum en un contexto de post-soberanía o nueva soberanía acuñada precisamente por juristas escoceses como el difunto Neil MacCormick o Michael Keating, entre otros.
La Propuesta del Gobierno de Escocia podrá gustar o no; podrá coincidir o no con nuestras aspiraciones políticas. De lo que no cabe duda desde la perspectiva jurídica es de su vocación:
Quo vadis, Osakidetza?
Para EAJ-PNV, la sanidad pública es una prioridad a la que ha dirigido grandes esfuerzos. Legislatura tras legislatura, nos hemos comprometido a modernizar nuestro sistema sanitario, a mejorar infraestructuras y equipamientos, a incrementar y consolidar la plantilla, a impulsar la investigación y la innovación y a ofrecer nuevas prestaciones.
Pero hay que seguir avanzando. La sociedad vasca tiene derecho a una sanidad pública moderna que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, sólida, efectiva y ágil. Tenemos ante nosotros grandes retos que exigen una profunda reflexión. Por este motivo, hace un año proponíamos en nuestro programa electoral abordar una política sanitaria que tenga cada vez más en cuenta el envejecimiento y la cronificación de las enfermedades, que implante las más modernas fórmulas de gestión y liderazgo; y que garantice el desarrollo de la eficiencia y la innovación. Estas líneas de trabajo no son muy diferentes de las que, en apariencia, promueve el Ejecutivo actual. Los criterios básicos que conforman la asistencia sanitaria pública en los países desarrollados de la UE son, en su mayor parte, comunes. Ahora es Rafael Bengoa, adalid de la revolución en el sistema, quien dirige nuestro sistema público de salud. Y muestra un pobre resultado tras ocho meses de gobierno sanitario en Euskadi, haciendo bueno el dicho de que una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo. Su equipo no cumple con las expectativas generadas, se percibe desgobierno, la inercia dicta la agenda del día a día, la crisis atenaza la modernización del sector y los trabajadores no parecen sumarse de forma entusiasta a sus proclamas. Tal es el desconcierto de los actuales dirigentes sanitarios vascos ante la situación de crisis económica que ora promulgan una 'ley seca' para prestaciones concertadas (recorte del 14%) e inversiones (30% de recorte), ora introducen enmiendas en los Presupuestos para financiar prestaciones claramente innecesarias y totalmente desproporcionadas, olvidando promesas de rigor y austeridad en el gsato. Por su parte, la política en materia de infraestructuras y equipamientos no parece seguir otra lógica que la del pan para hoy y hambre para mañana. Un claro exponente es el tercer hospital de Vitoria-Gasteiz. Esta reivindicación ha sido enarbolada por el alcalde Lazcoz, que se despreocupa de otros problemas, como organizar la ciudad cuando nieva, pero quiere dejar a toda costa 'su huella', aunque ni siquiera esté evaluada la necesidad de este equipamiento, que además fue inicialmente una estrategia del PP. Cualquier giro estratégico precisa la implicación de los trabajadores. Pero el actual equipo de Sanidad y Consumo no ha aportado ni una sola reflexión sobre la política que va a emprender en recursos humanos. Únicamente anuncia y desconvoca OPEs en función de la coyuntura. Para hacer la revolución hace falta, también, un buen equipo. Bengoa anunció que iba a rodearse de los mejores, independientemente de su ideología. Transcurridos ocho meses, el balance es más bien gris y triste. Los actuales dirigentes del Departamento parecen actuar desde la carencia de objetivos, la improvisación y, en muchos casos, el absoluto desconocimiento de las materias de las que son responsables, derivando lo que iba a ser un 'cambio revolucionario' hacia el caos más absoluto. En la estructura, se eliminan direcciones operativas y se sustituyen por otras con pomposos nombres, pero de hueco contenido. Se reasignan programas y funciones de un área a otra como en un juego de rol. Se contratan consultoras para todo. Éstas sí son hoy las estrellas de nuestra sanidad pública. En definitiva, se adorna la inoperancia con gran despliegue de medios, mucho marketing y recursos económicos desproporcionados dirigidos a controlar lo que iba a ser la pandemia del milenio, la gripe A. Y los resultados a la vista están: el Departamento de Sanidad, desaparecido en su acción gestora, y la gripe A, más débil que cualquier gripe estacional. Si de políticas de salud hablamos, exceptuando el fiasco de la gripe A y la teórica 'estrella' de la atención a los enfermos crónicos -todavía sin concretar-, nada sabemos. Eso sí, anuncian la creación de una Agencia de Salud Pública a lo largo de esta legislatura. ¿Sucederá como con las agencias de salud en la Comunidad Valenciana, donde se están generalizando las concesiones privadas para la prestación de la asistencia hospitalaria y primaria? La cruda realidad es que hoy, en Euskadi, muchos servicios se encuentran saturados y las listas de espera han sufrido desde la toma de posesión del consejero Bengoa un incremento injustificado. Les da igual, ellos siguen inmersos en la improvisación y la venta de humo. Si faltan profesionales sanitarios, la culpa es de la euskaldunización de Osakidetza, y proponen ralentizar el proceso de euskaldunización (como si no faltaran profesionales sanitarios en Murcia). Lo que no dicen es que el porcentaje de profesionales sanitarios bilingües está muy por debajo de ese mismo ratio en la sociedad a la que se deben (en términos globales, Osakidetza 20% y la ciudadanía 50%), y no cumplen con el ordenamiento jurídico vigente. Quienes vemos con preocupación este dilatado repertorio de desaciertos e ineficiencias exigimos a nuestros actuales gobernantes que encaren los problemas, se pongan manos a la obra y actúen con valentía y decisión de cara al futuro. Queremos saber cuál es la reflexión sobre el diseño del sistema sanitario para el siglo XXI que propone el actual Gobierno y si van a contar para ello con la colaboración de profesionales y usuarios. Cómo se va a desarrollar Osakidetza de forma equilibrada. Cuál va a ser su política en materia de recursos humanos y de infraestructuras sanitarias. En definitiva, ¿qué novedades van a aportar, más allá de los discursos grandilocuentes y repetitivos? El caso es que, como empezamos, terminamos: Quo vadis, Osakidetza?