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  • 2014/09/15

    El PSN y el ámbito de decisión

    • Mota: Iritzia
    • Komunikabidea: Diario de Noticias

    Se refería D. Roberto Jiménez el pasado10 de septiembre en el pleno monográfico sobre autogobierno al derecho a decidir. Señalaba que, como concepto, desde una perspectiva democrática tiene su lógica, pero que la clave estaba en el ámbito de decisión, es decir, en el sujeto político. Dicho de otra manera, en quién decide o puede decidir determinadas cuestiones. Hasta aquí, razonablemente de acuerdo.

    A continuación, subrayaba que la continuidad de Navarra en España, o la de Cataluña, afecta a todos los españoles (citaba por ejemplo a andaluces, extremeños) y que, por lo tanto, esa decisión no compete sólo a la ciudadanía navarra sino a la ciudadanía de todo el Estado. Destacó que ese concepto para él y para su partido era angular. Ahí está el meollo y nuestro profundo desacuerdo.

    Veamos. La ciudadanía escocesa va a decidir en solitario su futuro. Y es obvio que la continuidad o no de Escocia en el Reino Unido afecta también a Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte. Nadie discute eso. Es incuestionable. Y sin embargo deciden sólo los escoceses y las escocesas. Y no creo que el Sr. Jiménez piense que el Sr. Cameron se ha vuelto loco.

    Me atrevería a decir más. En un mundo tan interdependiente como éste, cada vez de mayores soberanías compartidas, lo que decida la ciudadanía escocesa también afecta al resto de Europa. Nos afecta a los navarros y navarras,  y afecta también, por ejemplo, a la ciudadanía catalana, andaluza, bretona, corsa o bávara. Y no sólo nos afecta Escocia. También lo que está sucediendo en Ucrania y en qué medida pueda ello modificar el actual mapa europeo. Vivimos, y es algo inexorable, en un mundo lleno de realidades que afectan a la ciudadanía navarra y sobre las que ésta no puede decidir.

    La cuestión, en consecuencia, no es a quién afecta o no, sino si Navarra es una sociedad que, fruto de múltiples factores, es autopercibida por sus ciudadanos como una sociedad con identidad propia y diferenciada, ni mejor ni peor que nadie, como una sociedad madura que quiere tomar las decisiones más relevantes sobre su destino, consciente obviamente del mundo global en el que vivimos.

    En este terreno, es verdad que tan legítimo es sentir que Navarra sí tiene esa identidad propia como creer que no, que puede tener ciertos rasgos propios pero insuficientes para poder calificarlo como sujeto político diferenciado.

    La pregunta es: ¿está listo el PSN para aceptar, con la vista puesta en el futuro, que lo esencial es cómo se autoperciba la sociedad navarra, o considera el PSN que, piense y sienta la mayoría de la sociedad navarra lo que sea, existe una línea roja según la cual Navarra nunca podrá decidir sola su rumbo porque esa decisión corresponde por definición a toda la ciudadanía del Estado? Si le hacemos caso al Sr. Jiménez, la respuesta es clara. Nunca los navarros y las navarras podrán decidir solos ciertas cosas, aunque mayoritariamente quieran hacerlo.

    Es cierto que, hasta ahora, desde el final de la dictadura franquista, los partidos políticos que defienden que no corresponde a la ciudadanía navarra decidir si Navarra continúa dentro o fuera de España, sino que Navarra, con sus especificidades, forma parte inseparable de España han obtenido un respaldo mayoritario en las urnas.

    En la actual legislatura, UPN, PSN y PPN representan 32 de los 50 miembros del Parlamento Foral. Somos conscientes de esa realidad y la respetamos. Trataremos de convencer a cada vez más ciudadanos de que Navarra es un sujeto político capaz de tomar sus propias decisiones, trataremos de que cada vez más navarros y navarras sientan de esa manera, y en paralelo, en el marco legal vigente, trabajaremos con todas nuestras fuerzas al menos para defender y mejorar el autogobierno que tenemos reconocido, convencidos de que las decisiones tomadas desde Navarra se adaptan mejor a los problemas específicos de nuestra ciudadanía, un autogobierno que de facto se ha visto limitado en los últimos años.

    En cualquier caso, ¿cuál será la actitud de UPN, PSN y PPN si los resultados en las urnas no siguen respaldando esa mayoría? ¿Será la misma que PP y PSOE están dando ahora en Cataluña? ¿Será la misma que ya dieron PP y PSOE en su momento a la CAV? ¿La de señalar que da igual que haya una mayoría en Cataluña o en la CAV que sienta de una determinada manera, ya que eso lo decide España? ¿Tendrán la capacidad de dar de verdad el salto al siglo XXI e interiorizarán que un matrimonio no se puede mantener si una de las dos partes no quiere? ¿Se darán cuenta de que ya no es como en el siglo XIX que la mujer no se podía divorciar sin el permiso del marido? ¿No les parecerá imprescindible saber lo que piensa y quiere cada una de las partes? ¿No reconocerán a Navarra como una de las partes aunque una mayoría amplia se sienta como tal? ¿Reconocerán que, tanto si se desea seguir juntos como si se prefiere seguir caminos separados, la forma de hacerlo deberá ser acordada también por las partes?

     

  • 2014/09/15

    La soledad de la mayoría absoluta

    • Mota: Iritzia
    • Komunikabidea: El Pais

    Cada vez es más habitual escuchar que crece el desapego de la ciudadanía hacia la política. No lo comparto. Menos aún en este inicio de curso político realmente apasionante, con el referéndum de Escocia o la consulta en Cataluña en el horizonte cercano, que hacen que la ciudadanía sí se interese por la política. Por la política con mayúsculas, claro.

    Desapego es lo que pueden sentir en realidad los potenciales votantes del PP en Euskadi. Un partido incapaz de definir un proyecto con perfil propio para nuestro país, lastrado además por las negativas políticas de Rajoy. El presidente del Gobierno español demuestra un desapego hacia Euskadi que agudiza el desapego de la ciudadanía vasca hacia su partido. En realidad su formación vive el momento de valoración pública más bajo de su historia. El modo y manera en que impone su mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado alimenta este desapego. El PP está lanzando ya su precampaña electoral: se suceden los globos sonda mientras se cambian las leyes sin consenso, se alimenta el enfrentamiento y la confrontación tratando de disimular la inacción ante los continuos casos de corrupción que corroen los cimientos de la política española.

    El Gobierno del PP va solo y por libre, ni siente ni padece los problemas de la sociedad. En estos momentos, la opinión mayoritaria está en su contra: la ley del aborto, la reforma eléctrica, la aplicación de la LOMCE, el efecto de la reforma laboral... son proyectos cuestionados hasta en sus propias filas. La actitud de Rajoy tratando de resistir parapetado tras su mayoría absoluta la ha acabado tornando en minoría social.

    Tanto y tanto desapego ha alcanzado inexorablemente al tradicional bipartidismo que reina en el Estado, que por cierto sigue siendo monárquico tras un relevo express y a la carta, por obra y gracia del partido mayoritario, previa consulta con el PSOE. En esta fértil tierra de indignados y descreídos han germinado con facilidad nuevos partidos políticos que han generado preocupación en las bases y anuncian procesos electorales que podrían traer nuevos equilibrios de poder.

    En esta deriva, la interesada maniobra de distracción urdida con la propuesta para cambiar la elección de alcaldes merece comentario aparte. Una nueva demostración de la particular visión de la democracia y el concepto del servicio público que tiene el PP. A escasos meses de la convocatoria electoral y como preludio de su precampaña ha presentado, ha ingeniado más bien, una nueva norma que pervierte la voluntad de la ciudadanía. En un evidente ejercicio de parcialidad ventajista pretendía premiar al partido mayoritario en los comicios municipales con un voto que el ciudadano, único soberano del sufragio, no había depositado en las urnas.

    Ha sido una “alcaldada”, nunca mejor dicho, que ha acabado en nada. Ha sido la enésima prueba del infinito descaro con el que el PP ha estado funcionando toda la legislatura. Solo una mayoría absoluta muy absolutista ha podido animar al PP a pretender regalarse una norma que le pudiera garantizar gobernar en aquellos municipios en los que la ciudadanía no le otorgara la mayoría suficiente. El absoluto rechazo que ha recibido semejante “globo” ha acabado por pincharlo.

    Es habitual afirmar que la mayoría absoluta acaba siendo perjudicial para el funcionamiento de la democracia porque es habitualmente mal gestionada por el partido que la disfruta. El PP ha hecho uso y abuso de esa herramienta de la peor manera posible. No ha sabido ni querido gestionarla y a estas alturas no le va a ser fácil corregirse. De hecho, ni lo intenta, se encuentra más bien exprimiendo las últimas gotas de su disfrute.

    Mi experiencia me ha demostrado que la mayoría absoluta sí puede ser empleada para mostrar generosidad con el adversario político, más aún en estos tiempos de dificultades e incertidumbre en que las verdades absolutas no existen. No ha sido desde luego el caso del PP, no lo fue con Aznar y tampoco con Rajoy. Ambos iniciaron la legislatura con una pretendida actitud abierta, para cerrarla de la peor manera posible: encerrados en sí mismos, absolutamente solos de solemnidad ante la sociedad.

  • 2014/09/08

    Un diez de suspenso

    • Mota: Iritzia
    • Komunikabidea: Deia

    En mis tiempos de estudiante, y aún hoy, he valorado el 10 como la nota de la excelencia. Cuánto habremos estudiado para tratar de alcanzar, o al menos acercarnos a la perfección y enarbolar esa cifra como símbolo del trabajo bien hecho. Estos días, sin embargo, mi imagen del 10 es diametralmente opuesta a la que siempre he valorado, y lo es por culpa de las deficientes medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De hecho, diez de ellas han recibido un sonoro suspenso por parte del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición realizado tras la visita oficial a España entre el 21 de enero y el 3 de febrero de este año.

    No se trata de conclusiones pueriles, pues llegan tras semanas de reuniones realizadas con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, e incluso con miembros del Gobierno del PP, como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. Son, pues, valoraciones contrastadas con quienes han sufrido directamente la injusticia de la guerra, de la dictadura y, ahora, de la desmemoria histórica.

    La Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura dejaron innumerables víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario: ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos,  exilio… Situaciones en demasiadas ocasiones irreparables pero que ni siquiera han recibido una compensación moral de reparación en el denominado periodo democrático.

    La permanencia de calles o monumentos que ensalzan a cargos franquistas o el ofensivo Valle de los Caídos, que acoge los restos de los dictadores Franco y Primo de Rivera, lo que, en opinión De Greiff, hace que “difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación”, son dos de esos ejemplos. La inadecuada formación, con curriculums escolares que, aunque han ido mejorando, han llegado a equiparar la responsabilidad de las “dos Españas”, en referencia a los sublevados y a los defensores del orden establecido; con policías, militares y jueces poco formados sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, no ayuda a mejorar ese injustificado olvido.

    En ello ahonda el acceso restringido a documentos “invocando riesgos a la seguridad nacional” y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas mortales, o a temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El hecho de que el Estado español haya sido considerado el segundo país con más desaparecidos tras Camboya no deja en buen lugar a los diferentes Gobiernos de la época democrática.

    De Greiff observa los mayores déficits en la Ley de Amnistía, cuya interpretación restrictiva la convierte en el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”, y cuyos efectos resultan incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese ámbito supranacional, la ONU ve “con preocupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y recuerda al Gobierno que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, y que sólo podrá denegarse la extradición de los exagentes de seguridad acusados de torturas si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables. Asimismo, la adopción de medidas  “más ambiciosas” en las relacionadas con el terrorismo” ha provocado que muchos afectados se sientan “víctimas de segunda categoría”.

    Analizando el informe resulta evidente que nunca se estableció una política de Estado en materia de verdad; no existe información oficial, ni mecanismos para su esclarecimiento. Por todo ello, pensamos que el Ministerio de Justicia debería realizar una valoración al respecto, algo que solicitaré en el Pleno del Senado la próxima semana, incluyendo el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en su misión a España.

    Mientras tanto, los reconocimientos a estas víctimas y héroes siguen llegando desde otras instancias, y así, en Elgoibar, se recordará a los valientes gudaris y milicianos que dejaron sus vidas en el monte Zirardamendi el 25 de septiembre de 1936, en plena Guerra Civil. Compartiendo el título de ‘Goazen gudari danok…”, una exposición abierta hasta el 21 de septiembre en la Kultur Etxea local, un libro que se presentará el día 15 y un documental que se proyectará en el Antzoki de la localidad el día 18 dejarán constancia del valor y de la fidelidad al deber que demostraron estos hombres de diez.

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